Por el Dr. Ricardo Scavone Yegros. [1]

Como consecuencia del movimiento revolucionario de mayo de 1811, el gobernador-intendente del Paraguay Bernardo de Velasco tuvo que resignar parte de su poder y permitir que dos diputados adjuntos ejercieran con él la administración provincial. Accedió asimismo a convocar una Junta de Vecinos para que determinase la forma de gobierno más conveniente a la seguridad de la provincia. Este Congreso, realizado en junio de 1811, resolvió privar del mando al gobernador, establecer en su lugar una Junta Superior Gubernativa integrada únicamente por paraguayos, y excluir de la función pública a los españoles peninsulares. Decidió además que el Paraguay se gobernaría de manera independiente hasta tanto las determinaciones del futuro Congreso de las Provincias del Plata fueran aprobadas por una nueva asamblea.

Quedó conformado así, de hecho, el Estado paraguayo, aunque conservando la denominación de provincia y asegurando aún fidelidad al Rey de España. Su constitución de derecho se produjo en el Congreso de 1813, que resolvió no enviar diputados a la Asamblea de las Provincias Unidas del Plata, cuyas deliberaciones ya se habían iniciado en Buenos Aires. Desde entonces se lo designó con el nombre de República del Paraguay y se omitió toda expresión que implicara reconocimiento de la soberanía del monarca español. Faltó, no obstante, una declaración formal y explícita de independencia.

Durante la dictadura del doctor José Gaspar de Francia, instituida por el Congreso de 1814 y transformada en perpetua por el de 1816, el Paraguay tuvo que soportar un largo y muy pesado aislamiento con el exterior. Sólo el puerto de Itapúa, en la margen derecha del Paraná, fue habilitado, a partir de 1823, para un restringido comercio con el Brasil. A la muerte del dictador, en 1840, la emancipación paraguaya estaba consolidada en el interior, pero no había sido expresamente reconocida por Estado alguno.

En marzo de 1841 se reunió un nuevo Congreso General, para resolver el problema de sucesión gubernativa creado por el fallecimiento del doctor Francia. En él se decidió confiar el gobierno a Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, con el título de Cónsules de la República. El Congreso determinó también poner fin a la clausura de las fronteras, permitiendo a los nuevos gobernantes iniciar relaciones de amistad y comercio con otros gobiernos, y habilitar para el tráfico mercantil, a más del puerto de Itapúa, el de la Villa del Pilar.

RELACIONES CON LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Los cónsules consideraron que la orientación aprobada por el Congreso debía ejecutarse con la mayor prudencia posible. Se limitaron por tanto a consentir el acceso de buques mercantes hasta Pilar, dejando que los otros gobiernos tomaran la iniciativa para el establecimiento de relaciones amistosas.

Al tener conocimiento de la apertura paraguaya, el gobernador de Corrientes, general Pedro Ferré, comisionó a un enviado especial ante López y Alonso. Su provincia afrontaba en esos momentos una guerra contra el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien tenía a su cargo la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Un ejército comandado por el gobernador Echagüe de Entre Ríos se aprontaba para someter a la provincia rebelde, mientras los correntinos organizaban sus cuadros bajo la competente jefatura del general José María Paz.

Los cónsules no recibieron al enviado de Corrientes, pero le permitieron comunicar por escrito, desde la guardia fronteriza en que había permanecido, los propósitos de su misión. Como ellos consistían en establecer relaciones y proponer el envío de plenipotenciarios para negociar acuerdos de amistad y comercio, López y Alonso aceptaron recibir a los agentes correntinos, a condición de que vinieran autorizados también para definir la delimitación territorial.

El 31 de julio de 1841, los gobernantes paraguayos suscribieron en Asunción con los enviados del gobierno de Corrientes un tratado de amistad, comercio y navegación, y otro de límites. En el primero las partes acordaron concederse recíproca libertad de comercio, admitiendo el Paraguay que buques mercantes procedentes de aquella provincia llegasen hasta la Villa del Pilar y que el comercio terrestre pudiera verificarse en determinados puntos fronterizos. El tratado de límites tenía carácter provisorio, y se aclaraba en él que no perjudicaba los derechos del Paraguay, ni los de la Argentina. Era simplemente un “modus vivendi” con el que se pretendía conjurar conflictos, hasta que se pudiera arribar a una solución definitiva.

Corrientes aprobó ambos tratados en agosto y los mismos entraron en vigencia luego de la entrega en la capital paraguaya de los instrumentos de ratificación. Los acuerdos de 1841 proporcionaban un marco claro y preciso para el normal desarrollo de las relaciones entre el Paraguay y Corrientes. Se inició de esa forma una nueva etapa en la vida internacional de la República, que abandonó mediante compromisos ineludibles la política de aislamiento con el exterior que hasta entonces había normado su conducta (1).

UNA PRESUNTA EXPEDICION PORTEÑA

El acercamiento entre correntinos y paraguayos no podía pasar desapercibido al gobernador Rosas, siempre atento a cuanto pudiera influir en la guerra contra los que él denominaba “salvajes unitarios”. En mayo de 1841 se denunció en Corrientes que el gobernador Echagüe había liberado a un oficial correntino aparentemente afecto a la causa rosista, encomendándole que regrese a su provincia y le avise desde allí si realmente existían relaciones entre ella y el Paraguay. “El Nacional Correntino” comentó la noticia señalando que seguramente Rosas, a quien respondía el gobernador entrerriano, había dispuesto el envío del oficial para impedir dicha vinculación, debido a que “en sus inicuos planes entra y ha entrado siempre atacar la independencia y soberanía” del Estado paraguayo (2).

En junio siguiente circuló en la misma provincia la noticia de que en Buenos Aires se estaba preparando una expedición con destino al Paraguay. Se decía que una embarcación armada procuraría llegar a territorio paraguayo, quedando por ende las costas correntinas en el Paraná expuestas a una acción sorpresiva de su parte.

Previendo dicha eventualidad, el general Paz recomendó al gobernador delegado Manuel Ferré el armamento de un par de buques o la instalación de puestos militares en algunos puntos de la costa, con el propósito de impedir el tránsito fluvial. A su criterio la llegada de la expedición era perfectamente posible, si se tenía en cuenta que Rosas no se “dormía” y que las relaciones de Corrientes con el Paraguay le hincaban “como una molesta espina”. Estaba cierto de que el gobernador de Buenos Aires haría lo que estuviese a su alcance para “destruir” esos vínculos, “ganando él la confianza de nuestros vecinos”. En su respuesta el gobernador delegado le aseguró que disponía de “medios más que regulares para molestar e impedir (?) el tránsito del convoy de Rosas al Paraguay”, y que sería fácil construir una batería en el lugar apropiado, cuando fuere conveniente (3).

Las noticias sobre la expedición fueron confirmadas y ampliadas más adelante por Juan Andrés Gelly, un alto funcionario del gobierno uruguayo. Gelly participó al gobernador Ferré que un comerciante inglés residente en Montevideo había salido de esa ciudad con destino al Paraguay, pasando previamente a Buenos Aires para evitar ser detenido en Martín García o para “concertarse con Rosas”. Le advertía que aunque el viaje se realizaba con el “pretexto” de entregar un despacho del gobierno británico, el sobrecargo de la embarcación iba con el verdadero carácter de agente del gobernador porteño y estaba encargado de “provocar al Gobierno del Paraguay a un tratado, cuando menos de comercio, pero si es posible, a un tratado como el de la Liga de las Provincias litorales”. Gelly, invocando su condición de paraguayo, pidió a Ferré que transmitiese estas novedades a los cónsules, diciéndole:

“V. E. conoce bien las arterias, y política constante del Gobierno de Buenos Aires sobre todos los Pueblos litorales (?): Este conocimiento (?) le hará penetrar fácilmente todas las consecuencias que puede sacar de sus relaciones y negociados con el Paraguay. Confío en que el buen sentido, y la prudencia del Gobierno de la República inutilizarán los manejos y arterias de Rosas: pero la comunicación sola de sus Agentes con los habitantes del Paraguay, es ya muy peligrosa al sosiego, y a los intereses de la República”.

En el mismo oficio Gelly aludió, a la eventual afluencia de extranjeros que podría originar el éxito de este viaje, exponiendo su opinión en los siguientes términos:

“Yo cuento que el Gobierno de mi Patria conoce bien sus intereses, y debe saber por la experiencia de lo que ha pasado en toda la América con los Extranjeros, que la política de las nuevas Repúblicas debe estar reducida a esta sabia máxima, Amistad, Paz y Comercio con todas las Naciones, tratados con ninguna; y el Paraguay debe, más que ninguna, ser muy rígido en esto: Porque abrir repentinamente el Comercio y la Comunicación con todo el Mundo, después de 25 años de aislamiento, y bloqueo voluntario, sería abrir sobre esa República la Caverna de las tempestades” (4).

El gobernador correntino envió a los cónsules copia de este documento sin añadir comentarios, pero solicitándoles una opinión sobre la forma en que debía proceder ante la llegada del buque. Al agradecer la remisión de la nota, López y Alonso manifestaron a Ferré que hubieran preferido conocer sus ideas sobre el tema, dadas las dificultades que ellos tenían “para estar al corriente de los sucesos”. Coincidiendo con las ideas de Gelly, los cónsules consignaron además que deseaban “cultivar la paz y amistad con todos”, pero que las circunstancias les impedían ajustar muchos tratados o aspirar “a otros puertos que el de esa provincia, mientras no se pongan de a cuerdo las de la República Argentina”. En cuanto a la embarcación del comerciante inglés, admitían que “las combinaciones” entre la legación británica y el gobierno porteño resultaban llamativas. Sin embargo, recordaron a Ferré el artículo del tratado de amistad en que se salvaba su derecho a mantener comunicaciones oficiales con otros gobiernos, para que lo tuviera presente en caso de arribar a su provincia el referido buque (5).

Con el evidente propósito de no crear motivos de fricción entre Corrientes y el Paraguay, el gobernador Ferré decidió permitir el tránsito del buque. El 19 de agosto, escribió a los cónsules para explicarles que sus informes sobre la expedición no buscaban una “repulsa” de la misma, sino simplemente llenar “el deber que impone la lealtad entre gobiernos amigos”. Les comunicaba seguidamente que la embarcación sobre la cual versaron las consultas arribó a Goya el día 12, con bandera y patente de Buenos Aires, es decir, reuniendo todos los requisitos para que el gobierno de Corrientes pudiera apresarlo en virtud de “la guerra que tiene declarada al Tirano de aquella Provincia”. Aseguraba no obstante que “la circunstancia de ser despachado para esa República”, sin restar validez a sus derechos, le proporcionaba la oportunidad de demostrar a los gobernantes paraguayos la “obsecuencia” de su amistad, por lo que no perturbaría su paso, “en obsequio al punto a que se dirige” (6).